10.1 La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio reformista (1931-1933)
Vídeo sobre la Segunda República:
Teoría sobre la Segunda República (para ampliar y comprender)
INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre la República muchas veces han ido encaminados a justificar el porqué de su final, la guerra civil, buscando culpables.
Contra la República –según reconocería después el monárquico y ministro de Franco, Pedro Sainz Rodríguez– se conspiró desde el mismo día de su proclamación, 14 de abril de 1931, viéndose abocada a una dialéctica cada vez más tensa.
Según ROBINSON se debió a una radicalización tanto de la izquierda como de la derecha
Según Paul PRESTON fue la CEDA la que atentó contra la democracia.
Según MALEFAKIS, España sigue una tendencia europea
El rey Alfonso XIII queda solo tras la caída de Primo de Rivera. Pide a Santiago Alba que vuelva al gobierno pero este no quiso. El rey nombrará gobiernos presididos, 1º por Berenguer (error Berenguer según Ortega, xq pretendía volver atrás) y luego por Aznar. Para renovar los órganos de la Administración manipulados por la Dictadura era necesario convocar elecciones.
Las elecciones municipales serán las que, por el “triunfo moral” de las candidaturas republicanas en las ciudades (41 capitales de provincia), hagan caer la monarquía.
En estos momentos se producen manifestaciones antimonárquicas.
En 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián en el que se consagra la alianza entre los republicanos (viejos y nuevos) Alcalá Zamora, Miguel Maura, Azaña, Lerroux, también el catalanismo republicano y el galleguismo con Casares Quiroga. También se unen PSOE y UGT. Es un acuerdo para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII e iniciar la II República.
Intelectuales como Ortega, Marañón y Pérez de Ayala se oponen al rey. El SOL “Delenda est monarchia”
La República se recibe, según TUSSEL, con una unanimidad entusiástica.
2.- LA IIª REPÚBLICA (1931-1936)
2.1.- Coyuntura económica y cuestión agraria
Es difícil entender las dificultades estructurales de la IIª República si no es considerando la crisis económica internacional. La influencia de ésta en España y la contracción de la actividad económica derivada de las medidas deflacionistas del momento, junto con el boicot al nuevo gobierno, se tradujeron según el profesor Benavides en la caída de la cotización de la peseta, una fuerte reducción del comercio exterior y una masiva evasión de capitales; sin que, como señala Tuñón de Lara, el nuevo régimen produjera ningún cambio en la estructura económica del país. Estas consecuencias, y fundamentalmente la política deflacionista desanimó la producción y aumentó el paro, lo que, según el profesor Sardá, "uno de los factores coadyuvantes del malestar social de la época y quizá de la guerra civil de 1936".
En una España todavía predominantemente agrícola iba a ser capital la cuestión agraria. Esta iba marcar la historia de la República, dando tres bandazos entre 1931 y 1936:
1ª La Ley de Bases de la Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932, que, con el triple objetivo de acabar con el latifundio –fincas mayores de 250 hectáreas, conforme al estudio de Pascual Carrión-, castigar el absentismo y beneficiar a pequeños arrendatarios y jornaleros, acabó siendo -como señala E. Malefakis- un compromiso entre los partidos gobernantes. Los proyectos de reforma del republicanismo burgués y del PSOE-UGT comportaban en estado puro dos claves diferentes y contrapuestas para la solución de la cuestión agraria: crear una numerosa clase de pequeños propietarios, o nacionalizar la gran propiedad y colectivizar su explotación. La intentona golpista de Sanjurjo contra la República (agosto del 32) facilitó el acuerdo entre republicanos burgueses y obreros; pero el resultado –la citada ley de reforma agraria- fue un laberinto jurídico, tanto más intrincado cuantos menos intereses quería lesionar; un programa de difícil financiación, pues las expropiaciones debían indemnizarse, y de ejecución demasiado lenta.
2ª Tras el triunfo del centro-derecha en las elecciones de 1933, el cedista Giménez Fernández como ministro de agricultura propuso una razonable y bienintencionada reforma -basada en la doctrina social de la Iglesia- que su propio partido abortó. Sustituido por Nicasio Velayos al frente del ministerio, éste presentó un nuevo proyecto de "Ley para la reforma de la Reforma Agraria" que fue aprobado en cinco días (Ley de Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935) y que en realidad era una contrarreforma de la reforma de 1932.
3ª La llegada del Frente Popular al gobierno dio un nuevo giro a la cuestión agraria. Entre el 19 de febrero y el 19 de junio de 1936 se ocuparon algo más de 232.000 hectáreas y se asentaron casi 72.000 colonos. Con el estallido de la guerra –como explica Malefakis- la posesión de la tierra quedó decidida en función de su localización geográfica: donde el levantamiento fue dominado, los comités locales socialistas y anarquistas ocuparon las tierras y el Estado legalizó la acción; conforme los sublevados avanzaron hacia la victoria, los colonos asentados por la República fueron en su mayoría expulsados de sus tierras; y en ambas zonas, estas acciones se vieron acompañadas por la violencia.
2.2.- El bienio social-azañista
El gobierno provisional del 14 de abril se formó con una representación de los partidos que habían suscrito el Pacto de San Sebastián: Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, como republicanos conservadores; Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio, por parte de los radicales; Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, por los radical-socialistas; Santiago Casares Quiroga, y como novedad política accedían por primera vez al gobierno los socialistas Fernando de los Ríos, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como Manuel Azaña en el liderazgo de un neo-republicanismo de base social pequeño-burguesa y fuerte impronta intelectual que podría calificarse de moderadamente jacobino. El propósito común de tan diversos grupos, tal como lo formuló Azaña, era consolidar la República como garantía de la libertad de España, usando su legitimidad para transformar el Estado y construir una nueva sociedad. A tal propósito, el gobierno provisional dispuso las elecciones a Cortes constituyentes, la reforma agraria, la libertad de cultos, el respeto de la propiedad privada y el reconocimiento de todas las libertades individuales.
Eran medidas moderadas que iban a tener que abrirse paso entre la impaciencia catalanista, el envite de la Iglesia y la inmediata violencia anticlerical, y el radicalismo sindicalista. El mismo 14 de abril Francesc Maciá proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española. El gobierno reaccionó de inmediato, recordando a Maciá lo pactado en San Sebastián (la preeminencia de la Constitución y de las Cortes en cuestiones de Estado) y convenciéndolo para que se conformara con una Generalitat provisional hasta la aprobación del Estatuto de Cataluña por las Cortes.
El 7 de mayo de 1931, el cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España publicó una carta pastoral denunciando las graves conmociones y amenazas de anarquía a que se exponía España, recordando con gratitud a la Monarquía por haber consagrado España al Sagrado Corazón de Jesús, apelando a las oraciones y sacrificios de las mujeres en defensa de la Iglesia atacada, y sugiriendo que el Gobierno provisional era igual que el de los bolcheviques que establecieron el régimen comunista durante la breve revolución bávara de 1919. Como escribe G. Jackson, el cardenal entendía por "ataques a los derechos de la Iglesia (...) la bien conocida determinación del nuevo régimen de separar la Iglesia del Estado, organizar un sistema de escuela laica e introducir el matrimonio civil y el divorcio". Seis de los 170 conventos de Madrid y 15 en las ciudades de Alicante, Málaga, Sevilla y Cádiz (Jackson, p.49 y n.9) fueron incendiados o atacados por pequeñas bandas compuestas en su mayoría de jóvenes, con la condena de socialistas y republicanos.
Por último, el radicalismo anarcosindicalista desencadenó frecuentes conflictos, sobre todo en el campo andaluz, culminando en la insurgencia de Casas Viejas (enero de 1933), cuya expeditiva represión por la Guardia Civil fue falsamente atribuida por la prensa derechista a una orden directa de Azaña, para su desprestigio democrático; mientras tanto –como señala Paul Preston–, un sector importante de los socialistas afín a Largo Caballero comenzó demasiado pronto a manifestar su desilusión con "la democracia burguesa", ante las continuas transacciones a que tenían que someter sus políticas sociales, lo cual iba a ser causa lejana, pero causa al fin, de su extrema radicalización en la revolución de octubre de 1934.
En las elecciones generales a Cortes Constituyentes (28 de junio de 1931) triunfaron los partidos de izquierda y las minorías que habían estado representadas en el Gobierno provisional. Pero el predominio de las posturas anticlericales defendidas por los radicales de Lerroux en el debate del art. 26 de la Constitución, sobre supresión de presupuestos y prohibición de actividades económicas y docentes de la Iglesia, produjo la primera crisis, con la dimisión de Alcalá Zamora y Miguel Maura. La situación se resolvió con la salida de los radicales del gobierno, quedando Alcalá Zamora como presidente de la República y Manuel Azaña como jefe de gobierno y ministro de la Guerra. Tras duros debates, el 9/12/31 se promulgó la Constitución, que configuraba un Estado integral abierto a las autonomías, establecía el poder legislativo en las Cortes unicamerales, diferenciaba los poderes del Presidente de la República y del Gobierno, y universalizaba verdaderamente el derecho de voto –activo y pasivo- al extenderlo a las mujeres. En resumen, era una Constitución democrática y laica, que consagraba la supremacía del poder legislativo y permitía una economía mixta, con elementos capitalistas y socialistas. Sin embargo le resultó intolerable a la opinión católica y de las derechas en general, por el tratamiento que se daba a tres cuestiones: la cuestión religiosa, la cuestión regional y la cuestión social.
Durante el bienio social-azañista (oct. 1931-nov 1933) las principales líneas de actuación, además de la mencionada reforma agraria, fueron la política educativa (acelerada construcción de escuelas y formación académica de maestros –Plan Profesional-, dignificados social y económicamente), la avanzada legislación social de Largo Caballero (leyes de términos municipales, jornada máxima laboral -ocho horas-, contrato de trabajo, jurados mixtos, previsión social –seguro de maternidad, Caja Nacional de Seguro contra accidentes de trabajo en la industria y Caja Nacional contra el paro forzoso-, y sanidad), y la reforma militar de Azaña en orden a racionalizar y modernizar la organización del ejército: Junto a ello, fue cuestión fundamental la de las autonomías. En septiembre de 1932 se promulgó el Estatuto catalán y se puso en marcha el gobierno de la Generalitat.(Cataluña iba a ser la única autonomía en funcionamiento antes de la guerra civil; el Estatuto vasco se demoraría hasta octubre de 1936, ya en la guerra; el gallego se refrendó en junio de ese mismo año pero nunca llegaría a promulgarse, y en Andalucía, País Valenciano y Aragón no se pasó de la fase de anteproyecto).
En conjunto, la acción política de este primer bienio mostraba un proyecto transformador contra el que no tardó en manifestarse la reacción, concretada por primera vez en el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo (10/8/32). Su fracaso estrechó la alianza republicano-socialista y afianzó la política del gobierno de Azaña. Ante ello, las derechas fueron aglutinándose en torno a dos grupos políticos, Acción Popular y Derecha Regional Valenciana, para terminar en la formación de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), un gran partido confesional católico bajo el liderazgo de José Mª Gil Robles, cuyo objetivo era la llegada al poder para transformar el régimen "desde dentro", revisar la legislación social-azañista y, en definitiva, según P. Preston, montar "barricadas contra la reforma".
Desde principios de 1933 era patente el desgaste del gobierno. Al mismo tiempo se afianzaban o nacían pequeños partidos fascistas, como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, y la Falange Española, que tomó carta de naturaleza en el mitin de la Comedia (29/10/33)bajo el carismático liderazgo de José Antonio Primo de Rivera.
En septiembre, Lerroux recibió el encargo de formar un gobierno que, al no contar con apoyo parlamentario, cayó en pocos días. En octubre, Alcalá Zamora recurrió a Martínez Barrio para gestionar la disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Éstas se celebraron el 19 de noviembre con la propaganda por la abstención de la poderosa CNT. Como ha apuntado Jackson y cuantificado J. Bécarud, las elecciones de 1933 demostraron que la política española giraba en torno a tres grandes partidos: PSOE, Partido Radical y CEDA. Los resultados favorecieron a las derechas. Las izquierdas apenas obtuvieron 100 escaños, de los que 58 eran socialistas. Era la reacción conservadora que se canalizaba a través de dos fuerzas: los radicales, con 100 diputados, y la CEDA, con 110
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