Constituciones españolas en el siglo XIX: Conceptos que deben tenerse en cuenta a la hora de comparar constituciones.
Soberanía: hay que entender la “soberanía”, como la capacidad de tener el poder, la autoridad. Según las constituciones puede residir. En el Rey: En realidad no existen constituciones donde todo el poder este en el rey, cuando todo el poder está en manos del rey, hablamos de Monarquías absolutas (Fernando VII). En el rey y las Cortes; Bayona, Estatuto Real, 1845, 1876 En el pueblo (soberanía popular): No se introduce este concepto hasta la Constitución de la II República. En la Nación: En todas las demás Constituciones españolas del siglo XIX.
Tipos de poder: El poder se divide en : Ejecutivo: Normalmente lo tiene el gobierno es el poder para ejecutar lo que dicen las leyes, pero puede tenerlo también el rey. (Para que lo entendais es el poder que tiene el estado para mandar a la policia a detener a un delicuente, o para decidir que se hace con el dinero de los impuestos...) Legislativo: Poder para hacer leyes, normalmente el parlamento , pero a veces también el rey puede tener poder de hacer leyes o el gobierno (actualmente cuando el gobierno hace una ley que no tiene que aprobar el parlamento hablamos de "decreto ley") Judicial: Poder de juzgar si alguién ha cumplido una ley o no, normalmente los jueces y tribunales. Antes de la Edad media estaban los "señorios juridisccionalesdonde había un señor que juzgaba en un territorio"
*En las constituciones es importante saber quién tiene cada uno de esos poderes.
Tipo de gobierno: Todas las constituciones recogen la monarquía hereditaria, excepto la de 1873, que coincide con la de la I república, que expresa que España es una república federal.
Derechos fundamentales: son los derechos que garantiza la constitución porque se consideran esenciales y están especialmente vinculados a la dignidad humana. Existen derechos personales (derecho a la vida, derecho al honor...) otros son públicos como el derecho a la educación, al huelga… Las constituciones normalmente dicen en qué casos y de qué manera se pueden suspender. Normalmente estos derechos se regulan por leyes que no están en la Constitución.
Sufragio: existen dos tipos de sufragio el censitario : no vota toda la población, sólo los que tienen determinado nivel de riqueza y el universal , aunque cuando se habla de este debemos hacer notar que existe el universal masculino, sólo votan los hombres y el universal, de verdad en el que votan las mujeres. En la única constitución del siglo XIX en España que existe el sufragio universal (masculino) es en la de 1869. Más tarde en 1890 se implanta el Sufragio universal masculino mediante una ley, aunque en la Constitución de 1876 no se recoge. Las mujeres no podrán votar en España hasta la II República.
Parlamento o Cortes: Las constituciones establecen cuando se reúnen, quien las convoca, (el rey por ejemplo), quién puede suspenderlas… también se regulan cuantas cámaras tiene; en estas constituciones sólo la de Cádiz tiene una sóla Cámara: el Congreso de los diputados, las demás son bicamerales: Congreso de diputados y Senado (representan a las distintas divisiones del territorio, en España actualmente a las Comunidades autónomas).
Cuestión religiosa: Casi todas las Constituciones declaran la religión Católica como la oficial y prohíben la libertad de cultos. Excepto las del 56 y la del 69, y la de 1873 que declaran la libertad religiosa.
En el momento de morir Fernando VII, el Presidente del gobierno es Cea Bermúdez, un absolutista moderado encargado de conseguir la reconciliación con los sectores liberales más propensos a lograr un acuerdo con el gobierno. La Regente María Cristina no conseguirá hacer durar este gobierno que será sustituido por Martínez de la Rosa, liberal moderado. Las circunstancias se complican por el inicio de la actividad de las partidas carlistas y para asegurar el trono de Isabel II es necesario alejarse de los absolutistas, que son sospechosos de defender la candidatura de don Carlos. Entre Martínez de la Rosa y Javier de Burgos, ministro del gabinete, publican el Estatuto Real (1834), para teñir al régimen de cierto constitucionalismo. El Estatuto Real es una carta otorgada, porque no emana de la voluntad de la nación. Establecía un sistema bicameral, con el Estamento de los Próceres, donde estarían los grandes de España y miembros nombrados por designación real y el Estamento de Procuradores, formado por propietarios que son elegidos por sufragio censitario. Las cámaras carecen de iniciativa legislativa, son convocadas y disueltas por el rey, y su función era aprobar las leyes que luego eran sancionadas por el rey.
Para intentar solucionar los problemas de la guerra y la Hacienda, se nombra Presidente del Gobierno a Mendizábal en 1835, quien decreta una quinta especial y la desamortización de los bienes eclesiásticos para sufragar los gastos de la guerra. La desamortización consiste en la expropiación de los bienes raíces de la Iglesia, que luego se vendían en pública subasta. Esta medida, que debía permitir el acceso de los agricultores a la propiedad de la tierra se convirtió en la manera de asegurar a la reina en el trono. Se permitió el pago con vales de deuda del Estado, admitiéndose por su valor nominal. Los burgueses eran quienes poseían esa deuda y se quedaban con la tierra haciendo subir artificialmente los precios, porque esos vales reales carecían de valor en el mercado. Así los nuevos propietarios, burguesía urbana, se convierten en principal pilar de la monarquía isabelina. Después de caer Mendizábal la crisis política se acentúa desembocando en el pronunciamiento de los Sargentos de La Granja (1836), que obligan a la reina-gobernadora a jurar la Constitución de 1812 y a nombrar a Calatrava nuevo Presidente, con Mendizábal como ministro de Hacienda. Se convocan elecciones a cortes constituyentes. Ahora ya queda clara la diferenciación entre los liberales moderados (los que estuvieron en Cádiz y el Trienio) y los progresistas (nuevas generaciones). A la vez, en el norte, el general Espartero se convierte en el héroe del bando cristino en la guerra.
Los progresistas duran en el gobierno dos años, dejando como principal legado un nuevo texto constitucional, que será referente para los progresistas durante el siglo XIX, es la llamada Constitución de 1837. Fue elaborada con un espíritu de transacción, puesto que pretendía servir para moderados y progresistas. Establece un sistema bicameral con un Senado y un Congreso de los Diputados. El Rey tiene unas facultades muy amplias, se establece el sufragio censitario, masculino y directo, la libertad de imprenta, el acceso a la función pública exclusivamente por el mérito y la obligación de todos los españoles a contribuir según su caudal de fortuna al sostenimiento económico del Estado. Pasado el peligro de las expediciones carlistas del general Gómez y de don Carlos, cae el gobierno progresista.
Los moderados recuperan el poder en 1837, logrando el general Narváez muchas atribuciones en el gobierno. Se suceden los gobiernos moderados que frenan las reformas y ralentizan la venta de los bienes desamortizados mientras el general Espartero encauza la guerra hacia la victoria definitiva del bando cristino. Los enfrentamientos son constantes entre moderados y progresistas. Estos últimos dominaban los municipios gracias a la ley electoral de 1836 que establecía el sufragio universal. Para quitarles este poder el gobierno elabora la Ley de Ayuntamientos, en la cual los alcaldes eran nombrados por la Corona y los concejales eran elegidos por sufragio censitario. Se suceden entonces los actos de rebeldía civiles y militares ante los cuales la Regente presenta su renuncia en octubre de 1840.
Se inicia ahora el período conocido como Regencia de Espartero (1841-1843). El general victorioso de la guerra carlista será Jefe de Gobierno (1840-1841) y después Regente. Con él se inicia el primer Bienio Progresista. Estará caracterizado por la ampliación de la desamortización y los problemas con la política arancelaria. Presionado por el gobierno inglés Espartero proyecta, en 1842, una reducción de los aranceles que gravaban los productos de importación. Contra esta medida reaccionan los industriales textiles, siendo especialmente graves los sucesos en Barcelona. Espartero ordena bombardear la ciudad y reprime con extrema severidad los alborotos. Pierde de esta manera el apoyo de la población, que en las elecciones de 1843 le deja sin sostén parlamentario. En el verano de 1843 se verá obligado a dimitir y exiliarse en Londres. El Congreso y el Senado aprobaron el declarar a Isabel II mayor de edad. Los progresistas aún formarán otros gobiernos, hasta que el general moderado Narváez consiga el poder para los moderados en diciembre de 1843 y después sea él mismo nombrado Presidente del Gobierno en mayo de 1844, dando inicia a la Década Moderada (1844-1854).
La precipitada declaración de mayoría de edad para Isabel II, con apenas catorce años, viene motivada por el interés de los moderados en que no haya una nueva regencia y así poder manipular a la adolescente reina a su antojo. En esos momentos quien está próximo a la reina es el general Narváez, lo que provocará el destierro de Espartero, el anterior regente. Se inaugura una etapa conocida como Década Moderada (1844-1854), período en el cual se alternan gobiernos presididos por Narváez, con otros formados por él mismo con otras personalidades del partido moderado. Se reformó la Constitución de 1837 y se promulga una nueva, la Constitución de 1845. Las diferencias principales con su texto base anterior serán el recorte de libertades como la de expresión y reunión, se declara España una nación católica, un sufragio censitario donde se exigirá mayor nivel de renta, la soberanía nacional se cambia por la soberanía compartida Rey-Cortes y se equilibra el poder entre Congreso y Senado. Esta constitución estará en vigor hasta el año 1869. La Ley Electoral de 1846 establecerá un censo de menos de cien mil votantes, sobre una población de doce millones de personas.
Para el mantenimiento del orden se fundará la Guardia Civil, instituto armado que sustituye a la Milicia Nacional. Su función será la de preservar la seguridad y la propiedad en el medio rural y el descampado. Hay varias reformas legislativas importantes, como la elaboración del Código Penal y la reforma fiscal de Mon, que trata de poner remedio a la calamitosa situación de la Hacienda después de la Guerra Carlista. En 1845 se publicará una nueva Ley de Ayuntamientos donde los alcaldes de las capitales y cabezas de partido son nombrados por el gobierno y los de los pueblos pequeños por el gobernador civil.
La alternancia de los gobiernos viene determinada por la voluntad del general Narváez, quien será Presidente del Gobierno en 1844-1846, 1847-1849 y 1849-1851. Contagiados los progresistas por los éxitos revolucionarios de 1848 en Europa, hubo también en España diversas alteraciones, que resolvió Narváez mediante la represión. En estos años nace en España, como facción extremista desgajada de los progresistas, el Partido Demócrata, que defiende la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, y recuperar para la Constitución una declaración de derechos amplia e irrevocable. Además de El Espadón de Loja, nombre que se le daba a Narváez por ser Loja su cuna, hay que destacar otra figura importante en los gobiernos de la Década Moderada, Juan Bravo Murillo. Bravo Murillo será Presidente entre 1851 y 1853. Es una personalidad más conservadora que Narváez. Las relaciones con Roma estaban rotas desde los tiempos de Mendizábal y será durante el gobierno de Bravo Murillo que se firmará el Concordato con la Santa Sede (1851). En él el Estado se compromete a no expropiar más bienes de la Iglesia, garantizar la supervisión de la enseñanza por parte de la Iglesia y aceptar el matrimonio canónico como el único legal en España; mientras la Santa Sede acepta racionalizar la organización territorial de las diócesis reduciendo el número de canónigos, reconoce las expropiaciones hechas durante los períodos desamortizadores y a la monarquía de Isabel II. Intentará Bravo Murillo reformar la Constitución de 1845, eliminando la actividad parlamentaria y convirtiendo el Gobierno en una reunión de técnicos. Esto motivará que los moderados presionen para hacerle dimitir.
Después de la caída de Bravo Murillo se van a suceder varios gobiernos breves. El último suspende las Cortes y gobierna dictatorialmente. Contra él se unen los progresistas y los demócratas, que recuerdan la represión de 1848 y recurren al pronunciamiento para recuperar el poder. Será en 1854 cuando un golpe de Estado, encabezado por el moderado general O´Donnell, consiga el respaldo popular y caiga definitivamente el gobierno. Esto es gracias a la Vicalvarada, enfrentamiento armado de resultado incierto, y al Manifiesto de Manzanares, texto progresista, redactado por Cánovas del Castillo, que será el acicate para que el pueblo se lance a la revolución. Le secundarán otros generales y estará respaldado por el pueblo que se lanza a la calle provocando la Revolución de 1854. La reina encarga entonces a Espartero formar gobierno, siendo nombrado O´Donnell ministro de la Guerra. Este gobierno ejercerá sus funciones desde julio de 1854 hasta julio de 1856. Este período es conocido como Bienio Progresista.
Durante el Bienio nacerá un nuevo partido, la Unión Liberal, formada por los progresistas preocupados por los excesos de demócratas y republicanos, y los moderados más próximos al progresismo. En las elecciones constituyentes de 1854 vencerá la Unión Liberal y los demócratas y republicanos conseguirán algunos diputados. Los republicanos surgen en estos momentos como fuerza política, pero lejos aún de ser una verdadera opción de gobierno. Propugnaban los mismos postulados que los demócratas y además querían sustituir la figura del Rey como Jefe del Estado por un Presidente de República, siendo este cargo electivo. Estos años están marcados por una amplia actividad legislativa. Se elabora una Constitución, la de 1856, que no llegará a ser promulgada. En ella se avanzan muchos de los logros de la futura de 1869. Siendo Ministro de Hacienda Madoz se publica la Ley de Desamortización de los Bienes Municipales, conocida como desamortización civil. Por esta ley se ponen en venta los bienes de municipios, realengos y baldíos. Es el último capítulo de las grandes ventas de tierras en España. También en estos años se aprueba la Ley de Ferrocarriles, que da un gran impulso a la construcción de vías férreas, pero pone en manos de extranjeros las compañías, que comprarán el acero fuera de España, perdiéndose así una notable oportunidad para fomentar las industrias nacionales. El Bienio acaba con una grave crisis ministerial resuelta con la formación de un nuevo gobierno presidido por O´Donnell que se acompañará de una dura represión contra los progresistas en Madrid y Barcelona.
El último período del reinado de Isabel II, de 1856 a 1868 está caracterizado por el dominio de la Unión Liberal de O´Donnell y los moderados de Narváez. O´Donnell logra mantener el gobierno durante tres meses, pero pronto el favor de la reina volverá a Narváez, quien será Presidente del Gobierno entre 1856 y 1857, siendo sucedido por otros gobiernos moderados muy mediatizados por el Presidente de las Cortes Bravo Murillo. La reina entrega por fin en junio de 1858 el poder a O´Donnell, quien va a presidir un gobierno de la Unión Liberal que llega hasta 1863. El gobierno se centró en desviar la atención en el interior con diversas operaciones militares en el exterior (África, Méjico, Conchinchina) que coincidirán con un momento de crecimiento económico. Los gobiernos a partir de 1863 se encontrarán con el problema del retraimiento de los progresistas de la vida política, auspiciada por Salustiano Olózaga, a la vez que la Unión Liberal sufre disensiones internas y notables escisiones. La Sublevación del Cuartel de San Gil en el verano de 1866 que acabó con una severa represión, será el detonante que haga que los progresistas busquen una salida política fuera de la monarquía isabelina. Los líderes demócratas y progresistas en el exilio acuerdan el conocido como Pacto de Ostende. En él establecen que, recuperado el poder mediante una revolución, se decidirá en sufragio cual debe ser la forma de Estado y el Gobierno de España. El líder será el antiguo unionista Prim. Cuando en 1868 mueren los dos baluartes del trono de Isabel II, los generales Narváez y O´Donnell, será la oportunidad para el pronunciamiento. El general Serrano, al frente de la Unión Liberal, se pone del lado de los progresistas y demócratas, quedando entonces la reina sin ningún apoyo. Cuando estalle la Revolución Gloriosa, la suerte de Isabel II ya está decidida.
Napoleón para no encontrarse en guerra en dos frentes, firma en 1813 el Tratado de Valençay, en virtud del cual, el emperador devuelve la corona a Fernando VII. Este vuelve a España pero no va directamente hacia Madrid, sino que lo hace pasando por Valencia. Allí el general Elío muestra su adhesión a la restauración del absolutismo, lo que sumado al apoyo de más de cien diputados de las Cortes de Cádiz, expresado en el Manifiesto de los Persas, permite al rey no solo no jurar la Constitución sino declarar nula toda la acción legislativa de las Cortes. Los liberales serán declarados culpables del delito de lesa majestad y perseguidos por la restituida Inquisición, con lo que muchos marchan al exilio.
Se inicia así un período de seis años conocido como el Sexenio Absolutista (1814-1820). En el exterior España se vio aislada en el Congreso de Viena por haber firmado la paz con Francia por separado, a la vez que continúan los virreinatos americanos su irreversible camino hacia la independencia. En el interior la conexión de los grupos civiles (agrupados en logias masónicas) y los militares descontentos se traduce en los sucesivos pronunciamientos militares: Espoz y Mina (antiguo guerrillero, descontento con la disolución de las guerrillas), Porlier (1815), Lay (1817), etc. Todos fracasan por ser facciones minoritarias del ejército. La obra del absolutismo estuvo presida por los continuos vaivenes de los ministerios (cada ministro permanece de media 6 meses en su cargo), por la grave situación financiera, y la pérdida irreversible de las colonias españolas. La crisis demográfica y económica originada por la guerra y la pérdida de los mercados americanos explican la inestabilidad y debilidad de los gobiernos absolutistas más todavía que las intrigas de la llamada "camarilla" fernandina. El único intento de solucionar la crisis fue propuesto por Garay en 1817: un sistema de contribución proporcional a los ingresos y universal (los privilegiados se opondrán).
En 1820 el ejército acantonado en la Isla de San León y San Fernando (Cádiz) a la espera de ir a Buenos Aires a aplastar a los insurrectos americanos se subleva contra el absolutismo. El teniente coronel Riego, en Cabezas de San Juan, es el principal cabecilla. Proclaman la Constitución de 1812 y durante los tres primeros meses del año logran la adhesión de otras localidades (el propio O'Donnell, enviado a reprimirle se suma a la revuelta): hasta que Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución. Comienza el llamado Trienio Liberal (1820-1823). Durante estos años los liberales se irán alineando en dos posturas enfrentadas, los exaltados y los moderados. Fernando VII recurrió a las personalidades más conservadoras para formar el gobierno y constantemente ponía trabas a las reformas, en espera de poder recuperar su poder absoluto. Los moderados, como Martínez de la Rosa, dominaron la política los dos primeros años y volvieron a poner en marcha los decretos de Cádiz. Sufrieron los ataques de los absolutistas, los exaltados y la Iglesia, temerosa de perder su poder con la abolición de sus privilegios. En el verano de 1822 se pone en peligro el sistema constitucional y los exaltados, con el gral Riego a la cabeza toman el poder. El Congreso de Verona reúne a los países de la Santa Alianza y aprueba el envío de un cuerpo expedicionario francés para restaurar el absolutismo en España. En 1823 entran en España los Cien Mil Hijos de San Luis con el duque de Angulema al frente, que reponen a Fernando VII como rey absoluto.
La última etapa del reinado de Fernando VII ha recibido de la historiografía liberal el nombre de Década Ominosa (1823-1833). Este no es un período homogéneo, porque si bien se inicia con una fuerte represión contra los liberales creando el cuerpo de Policía Nacional (1824), después se van a ir dando concesiones a los liberales para dar remedio a la quiebra del Estado y asegurar la sucesión de Isabel, la hija de Fernando VII. Estas medidas provocan el recelo de Carlos, hermano del rey (más intransigente) y la revuelta de los absolutistas ultras (1827), en lo que algunos historiadores ven el primer levantamiento carlista. Piden: disolución del ejército liberal, restauración de la Inquisición, que se concedan ministerios a los tradicionalistas.
Primero se quiso dar solución a los problemas económicos con el despotismo ministerial consistente en potenciar desde la corona las reformas ilustradas, lo que se mostró inoperante. También se crea la Bolsa de valores. Sin embargo el problema más grave vendrá con la sucesión del Rey. De su cuarto matrimonio Fernando VII solo ha tenido dos hijas. Según la Ley Sálica que trajo Felipe V de Francia, las hijas no pueden reinar ni transmitir derechos dinásticos, y por lo tanto el sucesor del rey sería su hermano, el infante Carlos María Isidro. Esta ley será derogada por la Pragmática Sanción, que restituye la sucesión dinástica como estaba en la Partidas de Alfonso X, donde se prefiere la línea directa sobre la colateral y al varón sobre la mujer. El infante don Carlos intrigará en los años finales del reinado para conseguir que su hermano, primero, no sancione la Pragmática y después para que la revoque. Tras varias vicisitudes Fernando VII muere después de hacer jurar a su hija Isabel como Princesa de Asturias. El infante don Carlos reclama el trono con el apoyo de los absolutistas más intransigentes. Cea Bermúdez adopta ciertas medidas aperturistas para atraerse las simpatías de los liberales hacia la futura reina: se otorga una amnistía. Será el origen del reinado de Isabel II y el inicio de la Guerra Carlista.
FONTANA dice que es el fin del reinado pero no el fin del absolutismo para el que aún habrá que esperar.
INDEPENDENCIA DE HISPANOAMERICA
El reformismo borbónico del siglo XVIII promovió un estrecho control económico y administrativo. Además, se da una progresiva liberalización del comercio peninsular con América, lo que significa que Hispanoamérica ha de sujetarse a los intereses de la metrópoli: la burguesía criolla (americanos descendientes de los españoles) se ve perjudicada, pierde confianza en el gobierno, que amenaza su posición privilegiada. En esta situación, es natural que al estallar la crisis de 1808, rápidamente los criollos ocupen el vacío de poder antes de que se produzca la sublevación popular.
La lucha contra el régimen colonial no se inspira en las ideas revolucionarias francesas (soberanía nacional), sino que es ante todo pragmática: descontento de los criollos por ser excluidos de los altos cargos. También tuvo gran importancia la independencia de los EE.UU, así como los jesuitas exiliados y las sociedades económicas: se va creando una conciencia cultura americana.
De 1808 a 1815 se crea en América un vacío legal similar al de España. Pronto se constituyen juntas leales a Fernando VII, pero en la que poco a poco el elemento criollo va desplazando al peninsular. El proceso culmina con las primeras declaraciones de independencia. México, Caracas y Buenos Aires son los focos principales de la emancipación.
La vuelta de Fernando VII cierra esta fase: las expediciones españolas a Venezuela y la decidida actuación del Virrey del Perú, Abascal, logran restablecer el poder español excepto en el Virreinato del Río de la Plata (cono sur). En México son los propios criollos los que hacen fracasar la revolución de Hidalgo y Morelos por temor a su contenido social y a su radicalismo agrario.
En una segunda etapa (1816-1824) la lucha está más organizada. Simón Bolívar y San Martín emprenden una serie de campañas que culminarán en la Conferencia de Guayaquil, donde ambos líderes llegan a un acuerdo sobre sus respectivas áreas de influencia. San Martín atravesará la cordillera andina, derrotando a los ejércitos realistas en Chacabuno y Maipú: independencia de Chile (1818). En 1820 avanza hasta Perú.
Bolívar tiene que llegar a un armisticio con el general español Morillo, tras lo cual se alía con los llaneros de Páez (más radicales), hasta vencer juntos a los españoles en Carabobo y Ayacucho (1824).
En México, tras el fusilamiento de Morelos se reinstaura el poder español. Pero el conservador mexicano Itúrbide, que había combatido a Morelos, se convierte en líder de los independentistas, instaurando en 1821 una dictadura militar
El alzamiento antifrancés constituyó el nacimiento del proceso revolucionario, rechazando las nuevas instituciones y formando órganos propios de gobierno. La desaprobación de una inmensa mayoría del país de la nueva situación creada supuso la asunción de la soberanía nacional y la ruptura con el régimen absolutista. Primero surgieron las Juntas Locales, posteriormente las Provinciales para terminar con la creación de la Junta Central. Formadas por miembros de la clase dirigente, nobles, clérigos y burgueses, dirigieron la guerra y asumieron la tarea de reformar las instituciones. Considerándose soberana, la Junta, asentada en Cádiz, dio paso a un Consejo de Regencia, encargado de convocar elecciones y convocar a Cortes. Celebradas las elecciones los diputados se reunieron en Cádiz, a pesar de las dificultades que la guerra imponía. La mayoría de los diputados procedía de las capas urbanas medias, eclesiásticos y un pequeño número de aristócratas. En general predominaban las ideas liberales, partidarias de las reformas, que habían penetrado en España a partir de la Revolución Francesa, pero también se hallaban entre sus componentes representantes del Antiguo Régimen.
Labor legal de las Cortes (constitución de Cádiz 1812)
Las Cortes de Cádiz establecieron el modelo de liberalismo español del XIX. En la misma sesión inaugural proclamaron la soberanía nacional y afirmaron el carácter constituyente de las mismas, emprendiendo la tarea de elaboración de una Constitución. Así, el 19 de marzo de 1812, quedaba aprobada la primera Carta Magna de la historia española. A través de sus 384 artículos, la ideología liberal se desgrana principalmente en la formulación de los derechos del individuo, la soberanía nacional y la consideración de la monarquía como moderna y hereditaria. Se consagran los poderes: el ejecutivo, ejercido por el rey pero limitado por la acción parlamentaria; el legislativo, compartido entre el monarca y las cortes; y el judicial, que corresponde a los tribunales, con dos fueros especiales, el militar y el eclesiástico. Establece el sufragio universal masculino, indirecto o restringido, la confesionalidad del estado y la exclusividad de la religión católica. Del mismo modo, recoge el establecimiento de un ejército permanente, bajo la autoridad parlamentaria, y una milicia nacional, defensora del estado liberal. En cuanto a la administración estatal, el país es dividido en provincias y instituye la elección popular de los alcaldes. La Constitución de Cádiz tuvo tres períodos de vigencia: de marzo de 1812 a marzo de 1814, de enero de 1820 a noviembre de 1823, y de agosto de 1836 a junio de 1837.
Aspecto práctico de las Cortes de Cádiz
Las Cortes ponen en marcha un gran desarrollo legislativo, de carácter ordinario, complementando las decisiones recogidas en la Constitución: Se decretó la abolición del régimen jurisdiccional, pero su indefinición hizo que los nobles siguieran cobrando las rentas y en la práctica las tierras se convirtieron en propiedad privada. Se eliminó el mayorazgo y se declaró la libre propiedad, se suprimieron los gremios (lo que en la práctica suponía el avance del liberalismo: libertad de trabajo, de producción, de contratación y de comercio). También se extinguió la Mesta. Se estableció la libertad de imprenta (excepto en cuestiones religiosas, exclusiva de la censura eclesiástica), se eliminó la Inquisición y se puso en marcha la desamortización de bienes propios y baldíos, así como una tímida expropiación de los bienes de obras pías y órdenes militares. COMENTARIO CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
A finales del XVIII y principios del XIX el estado absolutista entra en crisis. Los instrumentos del Antiguo Régimen son incapaces de dar solución a los problemas del país. El rey, Carlos IV, deja en manos de su primer ministro, Godoy, el gobierno de España. Fomentará el acercamiento con Francia después de la coronación de Napoleón e intentará tímidas reformas en el interior del país, lo que no puede evitar la quiebra absoluta
Causas - Antecedentes
La situación del estado absolutista a finales de 1807, social y económicamente es muy grave. Las sucesivas guerras, las hambrunas y epidemias provocaron una importante mortandad. El comercio con las colonias estaba colapsado y la alianza con Napoleón, en contra de Gran Bretaña, aumentó la gravedad de la situación, incrementándose los precios y aumentando las protestas populares. El endeudamiento del estado, derivado de las continuas guerras, provoca su bancarrota y los intentos de Godoy por remediarlo, bien a través de los vales reales, o de una impensable, a la vez que tímida, desamortización (1798), no consigue frenar la progresiva quiebra económica de la monarquía y el consiguiente malestar social.
Los distintos grupos sociales acusaron a Godoy de los problemas del país, y por extensión también a los reyes por mantenerle en el poder. Los grupos de privilegiados (miembros del clero y algunos aristócratas) se agruparon en torno al príncipe heredero, Fernando, al que proponían como defensor de la dinastía y único salvador posible de la situación. En 1807, se descubrió una conspiración del príncipe, conocida como el proceso de El Escorial, en el que Fernando pidió perdón a sus padres, los reyes, tras delatar a sus propios incondicionales. Toda una premonición de su futuro político.
Por otro lado, el bloqueo continental contra Gran Bretaña y la ayuda de Portugal a los británicos, supuso la necesidad de invasión del territorio luso por las tropas de Napoleón. En octubre de 1807 el emperador firma con el gobierno español el Tratado de Fontainebleu, por el que se autorizaba al ejército francés a atravesar el territorio español, camino de Lisboa. En febrero de 1808 las tropas imperiales se acuartelaron en distintas ciudades españolas al mando del general Murat, lo que supuso el descontento de los españoles, produciéndose incidentes y enfrentamientos entre los soldados franceses y la población ocupada. Es el momento que aprovechan los partidarios del príncipe Fernando para inculpar a Godoy, al que acusaban de la ocupación. La noche del 17-18 de marzo de 1808, y con masivo apoyo popular, se produce el asalto el palacio real, conocido como Motín de Aranjuez, en el que el valido es depuesto y Carlos IV abdica, cediendo la corona a su hijo, el ya rey Fernando VII, que entra de forma triunfal en el Madrid ocupado por los franceses.
Napoleón invita al nuevo rey y a la familia real, incluido Godoy, a reunirse con él en Bayona. El emperador consiguió que Fernando abdicara a favor de sus padres y estos, a su vez, a favor de Napoleón, que entregó el reino a su hermano José I. Las únicas condiciones impuestas por Carlos IV fueron la garantía de unidad de las posesiones de la corona y la exclusividad de la religión católica. A cambio recibieron varios castillos y rentas en Francia, iniciando su exilio. Este proceso se conoce con el nombre de las abdicaciones de Bayona
GUERRA DE INDEPENDENCIA
La salida de Madrid de la familia real suscitó la alarma en la capital. El 2 de mayo se produjo un levantamiento popular (sin intervención del ejército español) que fue duramente aplastado por las tropas de Murat, con la consiguiente represión. Ante este estado de cosas, las clases privilegiadas y las instituciones del Antiguo Régimen acataron la autoridad francesa. La reacción popular fue distinta, considerando que la renuncia del trono por parte de Fernando había sido impuesta, y que el rey estaba preso en Bayona, el mismo día 2 de mayo el alcalde de Móstoles lanzaba su bando llamando a la insurrección, que en pocos días se extendió por toda España. Había comenzado la guerra.
Durante su primer año, la balanza y relación de fuerzas fue muy desigual. Frente al, hasta entonces, invencible ejército francés, se encontraba un exiguo ejército español reforzado con unidades inglesas y restos del ejército portugués. En un primer momento los franceses intentaron sofocar los levantamientos (sitio de Zaragoza) pero se vieron sorprendidos en Bailén, gral Castaños, lo que provocó la huida de José I de Madrid y la decisión de Napoleón de intervenir personalmente en la península, al frente de la Grand Armée, 250.000 efectivos. Su llegada llevó de nuevo a las tropas imperiales a la conquista de la capital, asegurando a su hermano en el trono.
A partir de 1809 los franceses consiguen avanzar hacia el sur. Sólo Cádiz pudo resistir con la ayuda inglesa. Junto a un ejército regular, participará la guerrilla la “nación en armas” (junto a la dispersión de fuerzas que provoca, su efecto psicológico será importante, amén del boicot de las comunicaciones por las partidas de bandidos o nuevos milicianos), con apoyo inglés. Cura Merino, Empecinado, Renovales, Espoz y Mina.
Desde 1811 la guerra toma otros derroteros. El abandono de Portugal (derrota de Torres Vedras), el avance desde el sur del general Wellington, la victoria inglesa en Arapiles y la decisión de Napoleón de atacar a Rusia y su posterior derrota, produjeron la retirada francesa. En 1813 la batalla de Vitoria obligó a José I a pasar la frontera, lo que llevó al emperador a firmar el Tratado de Valençaypor el que devolvía la corona de España a Fernando VII.
El reinado de José I en estos años se caracterizó por el intento de dar una imagen de legalidad y modernidad a la nueva monarquía, para lo que otorgó el Estatuto Real de Bayona, con el objetivo de ganarse a los sectores más progresistas del país. De igual modo decretó una serie de medidas modernizadoras: supresión de Consejos y Secretarías y sustitución por Ministros, abolición de la jurisdicción señorial, eliminación de las barreras aduaneras internas, disolución de la Inquisición, reducción de conventos y expropiación de sus bienes (y la de algunos grandes de España) para su posterior venta y amortización de la deuda. Estos hechos fueron refrendados por una minoría ilustrada, los afrancesados, que veían en estas medidas el desarrollo y progreso de España. Cuando acabe la guerra, 12.000 familias afrancesadas habrán de abandonar España.
CARTAS DE FERNANDO VII A NAPOLEÓN (Extraído del Blog: Dioses, Reyes y Héroes):
España se veía inmersa en la guerra de la Independencia. Mientras los españoles combatían contra José I y aclamaban a Fernando, mientras un 2 de mayo regaban Madrid con su sangre, El Deseado se encontraba a salvo en Valençay, a 300 kilómetros de París, recibiendo clases de danza y música en compañía de su hermano. Allá en el castillo de Talleyrand ambos entretenían su tiempo montando a caballo, pescando y organizando cenas y bailes. Y, por supuesto, durante una de estas fiestas, con ocasión de la boda de Napoleón con María Luisa, Fernando no olvidó brindar por los novios.
En Valençay permaneció hasta el final de la guerra, dirigiendo al emperador unas cartas que revelan mucho acerca de una naturaleza en la que no cabía la lealtad, el orgullo o la dignidad; mucho menos el valor. Este es un ejemplo:
Señor: he recibido con sumo gusto la carta de V.M.I. y R.* de 15 de corriente, y le doy las gracias por las expresiones afectuosas con que me honra, y con las cuales yo he contado siempre. Las repito a V.M.I. y R. por su bondad en favor de la solicitud del duque de San Carlos y de don Pedro Macanaz, que tuve el honor de recomendar. Doy muy sinceramente, en mi nombre y de mi hermano y tío, a V.M.I. y R., la enhorabuena de la satisfacción de ver instalado a su querido hermano el rey José en el trono de España. Habiendo sido objeto de todos nuestros deseos la felicidad de la generosa nación que habita en tan dilatado terreno, no podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno ni más propio por sus virtudes para asegurársela, ni dejar de participar al mismo tiempo el grande consuelo que nos da esta circunstancia. Deseamos el honor de profesar amistad con S.M. y este afecto ha dictado la carta adjunta que me atrevo a incluir, rogando a V.M.I. y R. que después de leída se digne presentarla a S.M. católica. Una mediación tan respetable nos asegura que será recibida con la cordialidad que deseamos.
Señor, perdonadme una libertad que nos tomamos por la confianza sin límites que V.M.I. y R. nos ha inspirado, y asegurado de nuestro afecto y respeto, permitid que yo renueve los más sinceros e invariables sentimientos con los cuales tengo el honor de ser, señor, de V.M.I. y R. su más humilde y muy atento servidor.
Fernando. Valençay, 22 de junio de 1808.
*Vuestra Majestad Imperial y Real
Napoleón lo despreciaba tanto que acabó por publicar en Le Moniteur universel estas cartas. En lugar de inquietarse por ello, Fernando tuvo la poca decencia de darle las gracias por hacer público el inmenso amor que profesaba al emperador.
DESPOTISMO ILUSTRADO Y REFORMISMO BAJO CARLOS III (1759-1788).
Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio y de Felipe V, fue rey de Nápoles durante 25 años, donde se hizo con buena fama por las reformas que aplicó y su honestidad. Al llegar al trono de España tenía 53 años, era sano de espíritu y de cuerpo, con una vida personal ejemplar y piadosa, aunque le gustaba más la caza que gobernar. Carlos III falleció en diciembre de 1788.
Su ideal de gobierno era el absolutismo puro: no depender de nadie; seguía su propio criterio y no se dejó dominar por los ministros. Sus objetivos eran hacer de España una gran potencia a través de la reforma del Estado, la defensa del imperio y el control de los recursos coloniales.
Al comienzo del reinado conservó a los ministros de Fernando VI, pero luego nombró a su equipo:
Esquilache: ministro de Hacienda y Guerra hasta 1766.
Grimaldi: ministro de Estado hasta 1777.
Campomanes: ministro de Hacienda desde 1767.
Floridablanca (José Moñino): ministro de Estado desde 1777, servidor ideal del absolutismo.
Aranda: Presidente del Consejo de Castilla desde 1766 hasta 1773.
Los puestos claves hasta 1766 estuvieron en manos de italianos: Hacienda, Guerra y Estado, sin que Carlos III advirtiera el riesgo político que corría al concentrar el poder en manos de extranjeros. Esquilache fue vulnerable por el aumento de impuestos tras la guerra de 1762 y el que salió peor parado en la crisis de 1766 por ser extranjero. Esa crisis fue un revulsivo para Carlos III que sustituyó a los italianos por españoles para dar mayor identidad española al gobierno.
Los motines de 1766 reflejaban el malestar por la difícil situación económica y social, y desembocaron en una campaña contra Esquilache tras el decreto del 20 de marzo de 1766, en el que se obligaba a recortar capas y sombreros. Pero lo que produjo la explosión general fue la subida del precio de los alimentos, sobre todo el pan, debido a las malas cosechas, que provocaron graves problemas de abastecimiento por falta de grano. La liberalización del comercio de 1765 y la abolición de la tasa del grano, ambas realizadas por Esquilache, agravaron la situación.
El motín estalló en Madrid, siendo saqueadas las casas de Esquilache y Grimaldi; Carlos III huyó a Aranjuez, y desde allí cedió a los sublevados, anulando el decreto de capa y sombrero, y rebajando los precios de las subsistencias, además de destituir a Esquilache. Motines similares se produjeron en el País Vasco, ambas Castillas, Murcia, Aragón, Extremadura y Andalucía.
A pesar de la reacción inicial, posteriormente se reaccionó con firmeza: Aranda fue nombrado presidente del Consejo de Castilla con la tarea de restaurar el orden, encontrar a los responsables de los desórdenes.
Los principales políticos del momento, Campomanes, Floridablanca y Aranda, no procedían de la aristocracia ni de la burguesía, sino que eran abogados preparados en la Universidad y pertenecían al sector inferior de la nobleza. Eran partidarios de la monarquía absoluta y con mentes abiertas al conocimiento de todo lo moderno.
En las relaciones con la Iglesia el objetivo principal era lograr su subordinación al Estado. Como precedente estaba el hecho de que Carlos III hubiera heredado una posición dominante sobre la Iglesia legalizada por el Concordato de 1753. El clero era muy numeroso y, económicamente, muy poderoso. Además contaban con inmunidad judicial, que Carlos III intentaría recortar por decreto.
Carlos III tenía prejuicios contra los jesuitas por diversos motivos, entre los que podemos mencionar su voto de obediencia al Papa, su riqueza, sus sospechas de deslealtad en las colonias, etc. Además estaban enfrentados con otras órdenes (agustinos y dominicos) Tras una serie de acusaciones contra los jesuitas, se formó una comisión de investigación, con vistas a su expulsión, presidida por Aranda y organizada por Campomanes. Después de varios meses de investigación se presentó un informe al Rey y al Consejo, que fue aceptado. Los jesuitas fueron considerados culpables de provocar el motín de 1766 y por un Decreto real de febrero de 1767, se proclamó su expulsión de España y sus dominios. El gobierno español, que deseaba también la supresión total de la orden, presionó al papa, consiguiéndolo finalmente de Clemente XIV en julio de 1773. Sus doctrinas fueron prohibidas y sus propiedades confiscadas. El primer golpe fue a los colegios mayores, a los que se les retiraron privilegios, como los mejores puestos en la administración.
En cuanto a la Inquisición, gracias a la subordinación de la Iglesia al Estado, se le aplicaron restricciones. Si en principio era un instrumento real, en realidad estaba comprometida por su antigua asociación con los jesuitas. Se recortaron sus facultades frente a la censura de libros y se dieron instrucciones a los inquisidores para que se limitaran a cuestiones de fe y de moral.
REFORMISMO DE CARLOS III, FACETAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y POBLACIONISTAS.
En la economía fue donde se concentró de manera relevante la función reformadora de Carlos III. Prevaleció la idea de liberalización de la economía quedando al libre desenvolvimiento de las leyes de mercado, aplicándose a ella también las técnicas y avances científicos del momento. Tuvieron gran influencia las ideas fisiocráticas sobre la mejora de la producción agrícola, creación frente al mercantilismo que favorece al productor y al arrendatario de la tierra en contra del propietario.
Política agraria de Carlos III.
En la España rural la mayor parte de la tierra productiva estaba en manos de dos grupos privilegiados: clero y nobleza, sometido a un rígido sistema de mayorazgo y manos muertas y trabajada por campesinos que eran arrendatarios o por trabajadores sin tierra, jornaleros sobre todo en Andalucía.
La situación de partida de la agricultura en España se caracterizaba por el dominio de las tesis mercantilistas en el marco de la política económica, y el enorme poder que aún mantenía la Mesta, lo que favorecía a la ganadería en detrimento de la agricultura. Esta situación cambió con Carlos III.
En 1786 se suprimió el derecho de posesión de pastos y se permitió a los labradores su uso. El auténtico enemigo de la Mesta era la tendencia económica dominante en la que los precios de la lana eran inferiores a los de los cereales en el mercado internacional, al tiempo que el incremento de los costes de producción en la industria lanera superaba a los precios de la lana. Esto inclinó la balanza a favor de los intereses agrarios, siendo los legisladores conscientes de que el acceso a la tierra era la base de la reforma agraria. En la práctica, la ley agraria fue un objetivo a largo o medio plazo. Dos reformistas se centraron en las condiciones de la agricultura: Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos.
Entre las medidas tomadas con relación a la Reforma Agraria, podemos mencionar las siguientes:
En 1763 el gobierno ordenó la suspensión de los desahucios en contratos a corto plazo para transformarlos en contratos de larga duración (como la enfiteusis en Cataluña, y los foros gallegos y asturianos).
En 1766 el Consejo de Castilla ordenó la distribución de tierras concejiles a los campesinos más necesitados (pequeños propietarios y jornaleros) a cambio de rentas fijas de escasa cuantía en Badajoz, Andalucía y La Mancha.
En 1767 se puso en marcha el proyecto elaborado por Campomanes para la creación de colonias en Sierra Morena, supervisado por Pablo de Olavide, que permitió el establecimiento de inmigrantes católicos alemanes y flamencos, y posteriormente de españoles, en tierras infestadas hasta entonces por bandoleros. A cada colono se le dio 50 fanegas de tierra en arriendo y a partir del décimo año tendría que pagar renta al Estado. En 1775 el experimento era un éxito: la población contaba con buenas carreteras, casas de piedra, tierra productiva y abundantes cosechas de cereales. El inconveniente fue la falta de integración en la economía española. No pasó de ser un experimento social, una demostración de que el programa de los ilustrados tenía soluciones.
Al hacer balance de la reforma agraria, habría que reflejar su fracaso: no fue posible elevar el nivel de vida de los campesinos, lo que tuvo consecuencias no sólo en la agricultura sino también en la industria.
Sin embargo, la libertad de comercio sobrevivió. Las calamidades se presentaban con regularidad, incrementándose los precios de los cereales extraordinariamente, debido a las sequías y malas cosechas que, a su vez, provocaban hambre, enfermedades y miseria en la España rural, escasez de alimentos en Madrid y Barcelona. A pesar de todo ello, se mantuvo el libre comercio hasta 1804, cuando se volvió al sistema de tasas, ya que este libre mercado beneficiaba a los terratenientes nobles y eclesiásticos, haciéndolos más poderosos.
Industria y comercio.
Industria.
La industria fascinaba a los reformadores españoles, aunque tras el motín de 1766 en Madrid, se prefería la dispersión antes que la concentración de trabajadores urbanos.
Entre las medidas tomadas con relación a la industria, destacaron la asignación de fondos para experimentos con nueva maquinaria, la creación escuelas de artes y oficios para mejorar la educación técnica, la creación de Sociedades económicas, consulados y academias reales impartían cursos, la reforma universitaria para crear cátedras de matemáticas, agricultura, economía política, entre otras.
El Factory System se adoptó a partir de Felipe V en el sector privado y público, y se le dio un nuevo impulso con Carlos III en ramas industriales como las siguientes:
Construcción naval, por razones de defensa.
Manufactura de armas.
Industria del tabaco, con la Factoría Real de tabaco de Sevilla, que tenía beneficios.
Ampliación de la Fábrica de Tejidos en Guadalajara en 1777.
Ampliación de la Manufactura Real de sedas en Talavera de la Reina.
Sin embargo, las Manufacturas Reales presentaban problemas como la necesidad de concentraciones muy complejas que absorbían mucho dinero, la mala administración, la debilidad del mercado interior y los transportes precarios. Además, actuaron como disuasorias de empresa privada al gozar de privilegios, con lo que la competencia era desleal.
A pesar de lo anterior, hubo iniciativas privadas "modernas" en Cataluña en la industria del algodón con introducción de máquinas de hilar inglesas en 1780 y primeros experimentos en máquinas de vapor. Fue la excepción del resto de la industria textil, sometida a organizaciones gremiales.
A pesar de la incipiente industria catalana, a nivel nacional no se llegó a modernizar la industria debido a la inferioridad tecnológica, la escasez de capitales, la política ineficaz, las deficiencias en los medios de transporte. Otro factor importantísimo fue el fracaso de la reforma agraria, que impidió la modernización de la agricultura, ya que no generó capital ni elevó el nivel de vida de la población, por lo que no había dinero suficiente para consumir productos ni para invertir en la industria.
Comunicaciones.
Al hacerse cargo del trono, Carlos III se encontró con un transporte lento, irregular, inseguro y caro. El procedimiento habitual para viajes personales era la mula, las posadas eran malas y sucias, con las camas en el suelo. Todo ello repercutía en la debilidad del comercio interior. Para paliarlo, se tomaron medias como el Decreto de junio de 1761 por el que Esquilache emprendió la reforma de las vías y calzadas, construyendo carreteras radiales que convergían en Madrid (desde Andalucía, Cataluña, Galicia, Valencia), financiadas gracias a los beneficio del monopolio de la sal. En 1778 se produjo un nuevo impulso cuando Floridablanca fue nombrado superintendente de caminos y posadas. En diez años se construyeron 1.300 km de carreteras y una nueva red de "Posadas del Rey".
Comercio.
Importancia creciente de Madrid como centro de consumo, la atracción que ejercían las ciudades marítimas, desde donde se exportaban productos a las Indias (después de los decretos de libertad de comercio), y por el escaso comercio internacional (aparte de lana y madera no existía demanda de materias primas para la industria y, por tanto, el comercio estaba limitado a productos de subsistencia).
En el interior, el comercio se organizó en torno a los mercados tradicionales y se caracterizaba por una carencia de mercado nacional articulado; lo que había era una serie de mercados locales y regionales, con una agricultura de autoconsumo, en la que los intercambios eran de carácter artesanal mediante trueque.
A pesar de la carencia de la actividad comercial el siglo XVIII la situación era mejor que el siglo anterior. Ejemplo de ello es la importancia que alcanzaron los Cinco Gremios Mayores de Madrid. A principios del siglo XVIII los gremios tenían suficiente capacidad económica para adelantar sumas de dinero a la corona, por lo que obtuvieron la autorización para actuar como banco de particulares, pagando intereses por los depósitos y prestando al rey, también con intereses. Los gremios más poderosos eran los de Sederos, Joyeros, Merceros, Especieros y Drogueros, y Pañeros y Lenceros.
Se agruparon en 1726 y a partir de 1734 pasaron a denominarse Cinco Gremios Mayores de Madrid. Cada uno por separado formaron compañías comerciales que se fusionaron en 1763 formando la Compañía General de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid
El Real Giro, creado por el marqués de la Ensenada, actuó como banco de depósito y comercio, y los Vales Reales aparecieron ante la necesidad de hacer frente ante los gastos de la guerra. Carlos III mandó emitirlos entre 1780 y 1789. Tenían un interés del 4%, la obligación se extinguía a los 20 años y podían ser utilizados como pago en cualquier transacción. La Tesorería Real estaba obligada a admitirlos como pago, por lo que eran un elemento híbrido entre el papel moneda y los títulos de la deuda. Tropezaron con varios problemas como la falta de liquidez monetaria o economía de mercado, la mala marcha de la guerra y las dificultades del comercio con América.
El resultado fue que se depreciaron, los intereses disminuyeron y, ante la necesidad de mantener la cotización, se ordenó al Banco de San Carlos que convirtiera en metálico los vales reales, pagando intereses y amortizando con capital efectivo. Entre los años 1794-99 hubo nuevas emisiones de vales reales por cantidades cada vez más elevadas, siendo una de las causas que contribuyeron a la subida de precios de la segunda mitad del siglo XVIII.
Decretos de Libre Comercio con América (1778): importancia y limitaciones.
Entre 1765 y 1778, viendo que las reformas eran insuficientes, se promulgaron los decretos de Libre Comercio, que posibilitaron a una serie de puertos peninsulares el tráfico directo con determinadas áreas americanas sin pasar por la ciudad gaditana. Además de agilizar el comercio y vivificar las economías regionales, los citados decretos permitirían mayores recaudaciones para el erario público.
Existió un claro crecimiento interior y exterior en el comercio español del siglo XVII. A ello contribuyó el alza demográfica, el aumento de la producción agraria, la bonanza internacional y las diversas medidas gubernamentales. No obstante, como en otros órdenes de la vida nacional, el crecimiento no derivó en cambios cualitativos esenciales. El consumo privado continuó siendo bajo, la demanda era inelástica y el mercado interior poco articulado.
América pasó finalmente, tras el decreto de neutrales de 1791, a ser un territorio franco para las demás potencias europeas. La balanza comercial no tuvo nunca un saldo positivo para España y tampoco parece que el auge del comercio permitiera un definitivo despegue de la industria nacional.
